La Ley de la cadena alimentaria, a examen

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Han sido sus quejas a lo largo de los últimos años las que han propiciado la modificación de la Ley. Es por ello que ya en 2020 se introdujeron cambios que ordenaban un asunto tan crucial como los pagos de manera que cada uno de los actores de la cadena alimentaria debía pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción. ¿Qué se buscaba con esta medida? Que el reparto fuera más justo y los beneficios no fueran exclusivos de las grandes cadenas distribuidoras. En resumen: evitar que a lo largo de la cadena se vendiera por debajo del coste e impedir que se cobrara menos de lo que se había pagado.
De este modo, dado que los costes de producción son el eje de la negociación de los contratos escritos, se daba otro paso: obligar a que todos los contratos alimentarios recogieran que el precio pactado cubría el coste efectivo de producción.

Novedades de la ley

Tras esa modificación llegó la aprobada en diciembre de 2021, que pretendía reforzar la posición negociadora de los productores, según explicaba el Ministerio. ¿Cómo se ha articulado esta apuesta? Pues, por ejemplo, ampliando los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta alcanzar casi todas las operaciones. O incorporando prácticas comerciales desleales hasta ahora no recogidas o nuevas infracciones con el fin de garantizar que la norma se aplica de la manera adecuada. En este ámbito cabe mencionar la consideración como infracción leve de la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega o la exigencia de pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado, que ahora es grave. La Ley establece además que es la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) el órgano sobre el que recae el control de la aplicación de los términos incluidos en la norma.

Las quejas de las organizaciones agrarias

Pero en las últimas semanas han sido muchos los cuestionamientos sobre la utilidad de la Ley. Volvamos al tema de las sandías y los melones. Las organizaciones agrarias explican que la campaña comenzó con menos producto que otras veces y que las grandes empresas de distribución aseguraron que la demanda superaba la oferta, de modo que los precios subieron hasta cotas insospechadas. En el momento en el que la oferta creció, los precios bajaron, pero poco. Fueron finalmente las quejas de productores y consumidores las que empujaron un mayor descenso. Este caso no es el único. Lo mismo ha sucedido con las naranjas, por ejemplo. Las organizaciones agrarias denunciaron que todas las variedades se vendieron en la primera parte de la campaña al límite o por debajo de los costes de producción. Esto supone incumplir la ley, que busca precisamente lo contrario. ¿A qué responde esta realidad? Pues las propias organizaciones apuntan a las grandes superficies y a su política de imposición de precios. El ministro del ramo, Luis Planas, aseveraba el pasado mes de junio que, sin ley, los productores (agricultores y ganaderos) estarían asumiendo el incremento de costes de producción que afecta a la totalidad de sectores. Y en relación al establecimiento de baremos que fijen precisamente los costes mínimos de producción de cada uno de los cultivos, otra de las demandas de las organizaciones con el fin de hacer frente a las superficies, Planas explicaba que esta medida no tiene cabida en una economía de mercado. Sea como fuere, parece que la Ley de la Cadena Alimentaria, que perseguía que los costes de producción fueran retribuidos por las grandes superficies y distribuidoras y dejaran «descansar» a los productores, no logra dar respuesta a sus necesidades y demandas. No hay que olvidar que es precisamente a ellos a quienes se buscaba reforzar en un proceso de negociación que, históricamente, les ha perjudicado.